
- Rápida: Un mes de promedio de duración del proceso arbitral.
- Simple: Trámite sencillo y con una sola audiencia.
- Segura: La sentencia arbitral se ejecuta igual que una del poder judicial y también podemos otorgar embargos.

Me he desarrollado en el sector inmobiliario, con incidencia en el área de corretaje, contratos, registros públicos y procesos judiciales ligados al tema inmobiliario.
En el desarrollo de esta actividad comprobé que las personas que celebran contratos mediante los cuales compran, venden, alquilan inmuebles o realizan un trabajo a cambio de una comisión como es la labor del agente inmobiliario, no están verdaderamente protegidos, porque en caso de incumplimiento de los contratos, el poder judicial es incapaz de solucionar el problema.
En efecto, basta ver lo que demora lograr el desalojo de un inquilino que no paga la renta o el tratar de cobrar un contrato de arras, para ver con claridad lo lento, indiferente y muchas veces corrupto que es el poder judicial. Esto ha generado lo que llamo una Cultura del Incumplimiento que marca nuestro país. En las relaciones privadas el deudor o el inquilino saben que en el poder judicial pueden dilatar el proceso para no pagar la deuda o gravar o transferir sus bienes (con lo que se convierten en incobrables) o en el caso del inquilino podrán seguir en el inmueble por un largo periodo sin pagar renta. En las relaciones públicas, el estado premia el incumplimiento otorgando amnistias o exoneraciones, y sin embargo a los que pagaron a tiempo no se les reembolsa nada, ni tampoco se les otorga otro beneficio a cambio, de donde se ha vuelto practica común no cumplir las obligaciones para con el estado esperando estas amnistias o exoneraciones, esta actitud del estado beneficia al vivo, al evasor, por lo que estas dos tendencias generan la Cultura del Incumplimiento, que opera en ambos niveles y ha generado la inseguridad en el cobro de las obligaciones.
Ante esta situación el arbitraje presentaba un modo de justicia eficaz, sin embargo este tipo de justicia alternativa era aún lenta y sus costos muy elevados, lo que lo alejaba de las personas y lo restringía a empresas muy grandes, que podían pagar estos costos. Tomando como ejemplo a la Camara de Comercio de Lima, se tiene que el promedio de un arbitraje es de 9 meses, y estas causas por lo general son juzgadas por tres arbitros de derecho (abogados), nuestro trabajo entonces se centro en poder realizar un arbitraje que sea más rápido, simple e igual de seguro, luego de un tiempo logramos desarrollar un proceso arbitral que tiene un promedio de duración de un mes, se resuelve mediante un solo arbitro, este arbitro puede ser un abogado u otra persona debidamente capacitada en la resolución de conflictos y el proceso se simplifico de tal manera que cualquier persona puede llevar un proceso usando el sentido comun, con estas innovacikones logramos a su vez bajar el precio, debido a que el proceso involucra a menos personas y tiene menos etapas, por lo que este producto esta al alcance de la mayoría de personas que litigan asuntos de propiedad inmueble o asuntos comerciales. Todo esto lo que genera es que nuestro país pueda hacer negocios seguros, puesto que el incumplimiento de un contrato sería rápidamente ejecutado y el acreedor no verá burlados sus derechos como sucede en la actualidad.
Nuestro centro de arbitraje no solo ha desarrollado un producto arbitral especializado a costos adecuados, sino que lo ha hecho mucho más rápido, simple e igual de seguro que un arbitraje llevado ante cualquier otra institución arbitral. Espero sinceramente que esta sea una herramienta eficaz para un profundo cambio en las relaciones sociales y de negocios en nuestro país.
Fernando López Miranda
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